El uso del voto online en el ámbito privado está cada vez más extendido. ¿Por qué entonces la Ley Electoral nos impide hacer lo propio en las elecciones del próximo domingo?

Por Matias Nso Roca.

 

La teoría de la curva de innovación fue propuesta por Everett Rogers en 1962. Esta teoría afirma que los factores que influyen en el ritmo de adopción de una nueva tecnología son principalmente psicológicos y demográficos. El trío de humoristas catalanes La Trinca lo ilustraba muy bien en aquellos cortos en los que tres cavernícolas le buscaban utilidad a inventos como la rueda o el desodorante. De nada sirve que una tecnología mejore de facto nuestras vidas si como sociedad no llegamos a un consenso sobre su utilidad.

Blockchain y la inteligencia artificial son buenos ejemplos de este vituperio contra la meritocracia tecnológica. Ya empezamos a conocer las ventajas y los peligros de estas innovaciones pero tardaremos décadas en regularlas e integrarlas de manera eficaz en nuestro día a día.

Algo similar ocurre con el voto electrónico. En Kuorum llevamos diez años ayudando a empresas y organizaciones a celebrar juntas, asambleas y elecciones telemáticas. Fujitsu, Cruz Roja o el Fútbol Club Barcelona son algunos de nuestros clientes. Por eso, ahora que se acercan las elecciones, mucha gente nos pregunta por qué en un mundo en el que se está imponiendo el teletrabajo y en el que es posible abrir una cuenta bancaria desde casa, necesitamos desplazarnos hasta un colegio electoral para depositar un sobre de papel en una urna de plástico.

Lo cierto es que el uso del voto online en el ámbito privado está cada vez más extendido. ¿Por qué entonces la Ley Electoral nos impide hacer lo propio en las elecciones del próximo domingo? Aquí es necesario hacer un paréntesis para distinguir entre voto electrónico y voto online. Si bien el voto electrónico se refiere a la aplicación de tecnología en diferentes etapas del proceso de votación – como la emisión o el recuento de votos -, el voto online hace alusión a la digitalización del proceso completo, desde la identificación telemática hasta la auditoría final del proceso.

Así, el voto electrónico ya se aplica a distintos niveles en numerosos países. En algunos países, como Estados Unidos o Brasil, se dispone de máquinas para la emisión del voto. Y en otros, como España, la digitalización se limita a la comunicación entre los colegios electorales y el ministerio del interior, así como al escrutinio provisional.

El único país del mundo en el que se han celebrado ya dos elecciones presidenciales cien por cien online es Estonia, banco de pruebas de la Unión Europea en el ámbito de la identidad digital. En este país, obviamente, el voto online no ha acabado con el voto presencial. Pero sí ha sustituido al voto por correo postal, reduciendo así el coste del voto a distancia y dificultando el fraude electoral.

La tecnología que hace posible que el voto online sea anónimo y auditable al mismo tiempo existe y es de sobras conocida en el ámbito académico. Y sin embargo, el ejemplo Estonio todavía no ha calado en el resto del mundo. La razón de un ritmo de adopción tan lento hay que buscarla, volviendo a la teoría de la curva de innovación, en factores psicológicos y demográficos. Y el principal de estos factores es el miedo.

Algunos tienen miedo a que la seguridad del voto online que se ha demostrado suficiente en Estonia, no lo sea tanto en países con enemigos más poderosos. Y otros temen que el mapa y las dinámicas electorales cambien de la noche a la mañana con el aumento de la participación. En definitiva, como les pasaba a los cavernícolas de La Trinca, todos tienen miedo a innovar. Pero los Estados no podrán resistirse a la innovación por tiempo indefinido. Y el “malo conocido” dejará de tener sentido algún día, como ocurrió con las cuevas y los taparrabos.